Cuando los mercedinos en particular y los bonaerenses en general reciban las nuevas boletas, verificarán que el anuncio que realizó Vidal cuando comenzó la crisis de las tarifas es un vano intento para descomprimir la bronca por la escalada del costo de vida.

La gobernadora Vidal anunció la reducción de impuestos: 15,7% para la energía eléctrica y 6,3% para el gas. Del porcentual de la energía eléctrica  (15,7%), 10,4 se reducirá automáticamente a través de un decreto que se firmó y el porcentaje restante será a través de la modificación de la Ley 11.769.

Dicha norma –en su artículo 75– determina que “por las operaciones de venta con usuarios o consumidores finales, abonarán mensualmente a las Municipalidades de los partidos respectivos, una contribución equivalente al seis (6) por ciento de sus entradas brutas”. Esta ley les impide a las comunas cobrarle a las empresas que brindan el servicio eléctrico “todo gravamen o derecho municipal”. La gobernadora impulsa la reducción de la alícuota del 6% al 0,01.

La modificación impulsada por la gobernadora Vidal no pasó el primer paso del Senado bonaerense que lo envió a comisión. En tanto se supo que los tributos cuya eliminación fueron anunciados por Vidal, habían sido reimplantados por la gobernadora en las audiencias públicas de octubre pasado.

Preocupación en los municipios
Varios intendentes de todos los colores políticos siguen de cerca esta pulseada por cuanto de eliminarse el tributo que tienen que pagar las empresas prestatarias de energía eléctrica se pondría en riesgo a las finanzas municipales.

De hecho el jueves se hicieron presentes en el Congreso bonaerense para hacer saber la situación de las comunas.

“Es posible que haya que revisar la cuestión impositiva, pero no se puede ir en contra del Estado para favorecer a las empresas de servicios. Porque es la otra cara de la misma moneda: eliminar los tributos para subir las tarifas es otra forma de subsidiar la actividad”, explicaron fuentes vinculadas a la oposición. “Es importante tener en cuenta que hasta el Fondo Monetario Internacional se manifestó sorprendido por el incremento tarifario informando que ellos esperaban que este nivel tarifario se de en el 2019.”

Mientras tanto el secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad, Diego Menéndez, sostuvo: “Las normas que impulsan desde el gobierno nacional que busca evitar que se cobren impuestos en la factura de energía eléctrica son claramente inconstitucionales, porque se arrogan potestades de las provincias”.

“De hecho la tasa de iluminación se percibe en la factura de energía porque existe una ley provincial vigente”, explicó.

Por otra parte destacó que la modificación que se impulsa en la ley 11.769 “es ilegal”: “Si directamente se derogara la norma que obliga a las empresas a abonar un tributo del 6% a los municipios, obligaría a que las empresas deban negociar con los estados comunales. En el caso de Mercedes percibiríamos más dinero si le aplicamos la norma vigente de tasa de inspección e higiene y la de ocupación de espacio público a EDEN, que la actual normativa. En lugar de eso terminan cubriendo a las empresas abonando un impuesto irrisorio (que además pueden trasladar directamente al usuario) y le impiden a los municipios ejercen su poder tributario”, explicó Menéndez, que estimó que Mercedes dejaría de percibir cerca de 50 millones de pesos. “Es buena parte del presupuesto que tenemos destinados para obras públicas este año”, sostuvo.

 

 

 

 

 

 

COMPARTIR EN REDES

Twittear

 

 

 

 

ATENCIÓN: No se autoriza el uso de material publicado en este sitio a medios de comunicación comerciales de cualquier tipo, cuando este no sea solicitado con anterioridad al editor. Para pedirlo, envíe un mail o comuníquese por teléfono y aguarde respuesta.