Este lunes finalmente los integrantes del Acuerdo Cívico y Social se levantaron de las bancas tal cual habían expresado en su dictamen en la sesión ordinaria realizada para el tratamiento entre otros temas, de la Ordenanza Fiscal e Impositiva. Hablan de cuestiones legales insalvable y de violación a la constitución provincial por parte del Ejecutivo, de la que el resto de los ediles “son cómplices” al convalidarla con su presencia.

En principio y tras haberse retirado del recinto, este lunes por la mañana, el concejal Luis Colao, explicó: “Cuestionamos la legalidad de la ordenanza que se está tratando. La fiscal impositiva es la preparatoria para luego ser tratada por la asamblea de mayores contribuyentes y concejales. Tiene visos de ilegalidad porque la ordenanza de mayores contribuyentes fue enviada fuera de tiempo, sin cumplimentar con las normas mínimas que marcan la constitución y la ley orgánica. La fiscal impositiva tiene también en las partes formales cuestiones insalvables que han sido violentadas por la mayoría, por ejemplo que la misma Ley Orgánica de las Municipalidades dice que tiene que tener despacho de comisión. Este expediente no lo tiene, fue incorporado el martes a una extraordinaria y hoy fue tratado, sin despacho. Estos vicios son insalvables desde nuestro punto de vista y jurídicamente no podemos convalidar esta situación”.

En tanto, el concejal del GEN en el Acuerdo Cívico, indicó que también plantean sus objeciones desde el punto de vista político: “Se trata de una ordenanza regresiva, inequitativa. Se nivela a todos de la misma manera para un pago tributario, cuando se debería tratar de beneficiar a los sectores que menos poder adquisitivo tienen. Es una ordenanza absolutamente de caja que no tiene ningún criterio desde el punto de vista fiscal”, dijo Colao y vaticinó que, así las cosas, “se va a acentuar la rebelión fiscal que vemos año a año por la falta de transparencia, falta de control, falta de voluntad de cobro y por un Ejecutivo que no da respuesta a la comunidad”.

Por su parte, consultado el doctor Juan Manuel Torres, de la UCR, sobre si cabría una denuncia en el Honorable Tribunal de Cuentas, este indicó: “La idea nuestra es hacer la presentación que se incorporó al expediente, someterla a la evaluación del HTC”, confirmó.

Y, por último, inquirido sobre cuál es a su entender el papel del resto de los ediles que se quedaron en la sesión (en la que participaron como oyentes desde la barra los responsables del área de Economía), el radical opinó: “Desde nuestra visión están incurriendo en una complicidad de darle visos de validez a un procedimiento irregular, que implica violar las normas institucionales, a través del procedimiento que se establece para el aumento de tasas. Violan la constitución de la provincia”, remarcó Torres.

Desde el Acuerdo Cívico y Social se supo que harían una conferencia de prensa este miércoles: “Nos parece importante que la ciudadanía entienda nuestra posición”, dijo al respecto la concejal Débora Lacasa y acentuó el concepto de “progresiva inequidad” en las modificaciones realizadas.

Los responsables de Economía siguen atentamente la sesión, tras la barra