Luego de que se conociera el archivo de una de las causas que se derivó de la interpelación a Carlos Selva y que tiene que ver con el vuelco de desechos cloacales de la ciudad de Luján en el partido de Mercedes, cosa expresamente prohibida por ordenanza y que el intendente confesara durante las audiencias públicas, el abogado y concejal Juan Manuel Torres, de la Unión Cívica Radical, criticó el criterio adoptado en entendimiento del derecho así como las vueltas de la resolución de esta causa. Aseguró que acudirán a otros órganos para que se expidan.

En principio detalló cuáles son, a su entender, los ejes del planteo en lo judicial: “Hay varios elementos en la causa, donde se piden informes a la Municipalidad de Luján, que reconoce que hubo una autorización del intendente Selva, que consta en las actas de la interpelación donde él mismo reconoce que no obstante haber una ordenanza que prohíbe ese tipo de acciones autorizó a una serie de camiones atmosféricos a que hicieran desagotes de desechos cloacales en Mercedes. En Luján dicen que existió la autorización e inclusive hay una mención de Medio Ambiente de esa ciudad donde dicen que no se controló lo que se derivaba a Mercedes. De la interpelación también surgió que no se hicieron los controles en el municipio de Mercedes, lo que agrava la responsabilidad, y hay una serie de planillas donde constan los camiones que hicieron este tipo de traslados de Luján a Mercedes. Eso está todo en la causa como prueba”, dijo Torres.

Por otra parte, el abogado se mostró sorprendido por las vueltas de la causa: “En principio estaba en trámite en la Fiscalía 1 de Delitos Complejos y estaba actuando la doctora Mirian Rodríguez, ascendida a juez y reemplazada por el fiscal Juan Bidone. Pero firma la resolución un fiscal de apellido Vivanco, titular de la Fiscalía 7. En la causa no surge ningún elemento que nos lleve a concluir por qué firma la resolución en una causa que se tramita en la Fiscalía 1 el titular de la Fiscalía 7. Uno escucha muchas cosas en pasillos de Tribunales, y casualmente este fiscal Vivanco es de Chivilcoy, que es la misma ciudad donde vive Florencio Randazzo, actual ministro del Interior de la Nación”, detalló.

En tanto, y si bien la resolución tiene cierta extensión, Juan Manuel Torres dijo que la está estudiando y analizando: “Se hace alusión en forma secundaria a la contaminación ambiental, en el razonamiento del fiscal. Por otro lado dice desde el ámbito del delito penal por la regulación de lo que son incumplimientos de funciones que la ley habla de actos de gobierno y lo que se considera es que la ordenanza no tiene el carácter de ley suficiente para tipificar el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público o de abuso de poder. Pero tiene validez, y esa será materia de discusión. Y el argumento central es la contradicción donde en la parte final luego de decidir el archivo de las causa se dice que no es definitiva y quedará sujeto a que puedan existir nuevos objetos de prueba. Pero si la ordenanza no tiene fuerza suficiente, ¿qué prueba puede servir?”, objetó Torres trazando fuertes cuestionamientos desde la interpretación del derecho: “Desde esa base vamos a trabajar y pediremos que se expidan todos los órganos competentes. Vamos a agotar todas las instancias legales disponibles”, completó el edil de la UCR local.