Este mediodía en una sesión extraordinaria en el Concejo deliberante fueron presentados los despachos de los distintos bloques tras la interpelación realizada al intendente Carlos Selva. Ahora se formó una Comisión Evaluadora que será la encargada de emitir un dictamen sobre lo dicho en cada uno de los escritos, tras su análisis.

“Esta comisión no tiene el poder ni la facultad de destituir al intendente”, aclaró el concejal de la UCR Luis Colao. “Aunque sí  podría llevar denuncias a la justicia verificado el accionar doloso”, completó.

De parte del bloque de la UCR, además, el despacho que realizaron puede verse completo en su sitio web. En el mismo, tomando en cuenta lo actuado y las constancias recogidas en el Acta Nº 26, con motivo de la citación que se hiciera al intendente para que suministrara informes en los términos contenidos en el Decreto 639/2006, sancionado por el Cuerpo en la sesión ordinaria del 27 de noviembre de 2006, como asimismo las conductas precedentes que motivaron el llamamiento y otras surgidas por fuera del acto de interpelación, los radicales se detienen en análisis de temas “centrales  para una adecuada tarea de gobierno”, y se dedican a “definir un modo de gestión municipal que debe ser evaluada”.

De esta manera hablan de la cuestión de la Cooperativa Levin, que presta servicio eléctrico en Gowland, La Pampita, Agote, Altamira, Tomás Jofré, García y Goldney. Se habla del “reconocimiento de una inacción culpable (ausencia de padrón y de emisión de facturas  respecto de los beneficiarios obligados al pago del alumbrado público), que compromete responsabilidades en virtud de una lesión al patrimonio municipal”, entre otros aspectos.

Sobre la poda en los años 2004 y 2005 se habla de una respuesta “difusa, imprecisa, (salvo el dato de que fue una contratación directa), con el argumento de que dado el tiempo transcurrido no se cuenta con la documentación”. Desde la UCR aseguran que “es inaceptable la afirmación  que supone a  la Comuna realizando contrataciones y efectuando pagos, sin que exista la correspondiente documentación que acredite tales actos. Inaceptable por irregular”.

En el área del Departamento de Tránsito y las denuncias realizadas en el casod e los taxis truchos, se habla de “una grave omisión del ejercicio del poder de policía municipal en un tema que impone extremar los recaudos, con vistas a la seguridad de la población, en primer orden, y luego, a la preservación del patrimonio municipal que podría verse afectado de darse consecuencias que justificaren eventuales reclamos por reparación de daños”, entre otros aspectos que enumeran y piden sean investigados. 

Por otra parte, sobre la cuestión de la ausencia de dos moto niveladoras, piden “averiguar sobre la situación de dichos bienes”, y en lo que hace al consumo de combustible y lubricantes, lo califican como “un exceso de consumo, con lo que se generan dudas sobre el adecuado desenvolvimiento de la administración en la materia”.

En el tema de la labor del Instituto Unzué se marca en el dictamen de la UCR la “ausencia de directivas del Intendente al Director de Desarrollo Social y de éste al Coordinador respecto a las políticas a aplicar, con el debido intercambio de información”, y de “déficit en la capacitación del personal afectado”, entre otros aspectos, a la vez que se plantea la necesidad de impulsar una auditoria contable sobre todo lo actuado, durante la gestión, por la Secretaría de Desarrollo Social.

La falta de asignación presupuestaria para el Centro Integrador Barrio Esperanza  y el gasto en Comedores Comunitarios siguen siendo tema de discusión tras la palabra de Selva, así como el gasto total manejado por la Secretaría de Desarrollo Social: “Se deberá además determinar el destino efectivo de las compras, y la proporcionalidad o racionalidad de lo adquirido teniendo en cuenta las necesidades demandadas y efectivamente cubiertas”, plantean.

Respuestas confusas en temas ambientales
En materia ambiental, la UCR concluye en general que las respuestas dadas por el intendente son “sumamente confusas, dispersas, sin el aporte de precisiones técnicas que permitan apreciar cuál es el grado de conocimiento que tiene el Ejecutivo sobre el real contenido del problema y cuáles son los caminos para solucionarlo”.

Así, se habla del canal pluvial de calle 16, del colector de la 55 y la necesidad de obras complementarias, sí como “estudios técnicos serios, y a partir de ellos se defina la real situación y se proceda a la  programación de medidas adecuadas y progresivas, tendientes a dar solución a un problema que exhibe ribetes críticos”.

También se trata la situación de la empresa Magromer y su trabajo de curtiembre con el uso del cromo y su efluente a los canales a cielo abierto, así como la del Matadero y Frigorífico El Mercedino S.A. “Tanto en este tema como en de Magromer y otros de naturaleza ambiental, con frecuencia advertimos que los valores de contaminación que maneja la Municipalidad difieren, siendo de tono menor a los que resultan de análisis de otro origen”, aseguran.

En tanto, sobre el vuelco de camiones atmosféricos de extraña jurisdicción, y dado que el intendente “reconoce el haber autorizado personalmente el vuelco de camiones atmosféricos provenientes de la localidad de Luján, en abierta violación a la expresa prohibición contenida en la Ordenanza 5052/00, y confiesa algunas violaciones más, como que no se le haya cobrado derechos a los camiones y que no hubiera persona alguna registrando los viajes que se hicieron”, los concejales radicales marcan una “abierta y temeraria violación a una norma vigente, que llama a desconcierto sobre la conciencia que el señor intendente tiene de su responsabilidad  como jefe del gobierno local”.

Mientras que sobre el tratamiento de residuos sólidos urbanos marcan que se encuentra vigente la ordenanza 6202/2006, con plazos vencidos e incumplida. “Debe determinarse la suerte corrida por la suma fijada en la ampliación de presupuesto, expediente 3593/2006-D.E., para la adquisición de un inmueble destinado al tratamiento de la basura”, marcan los radicales.

La cuestión de la carpa de Tomás Jofré y de la obra pública en lo que hace a repavimentación también son tema de cuestionamiento. En el último caso se habla de “fraccionamiento” de los trabajos: “Se debe investigar las modalidades de contratación y su adecuación al marco legal”, aducen.

“Conductas irregulares”
En conclusión, para la UCR “están acreditadas conductas irregulares en el manejo de la cosa pública por lo que se impone como inexcusable la calificación de su gravedad”, mientras que marcan otros aspectos de la gestión que “en algunos casos no han sido respondidos y en otros lo han sido en forma insuficiente”.

“Debe impulsarse una investigación que permita echar luz sobre aquellos aspectos que aparecen oscuros y así posibilitar que luego se proceda también a su adecuada calificación. Debe llegar a la conciencia del gobierno municipal –en sus dos poderes, ejecutivo y deliberativo – y debe llegar también a la conciencia de la ciudadanía, que únicamente la plena puesta en práctica de los instrumentos dados por el orden legal, podrá asegurar la salud de la institucionalidad democrática. No se trata, pues, de una disputa de poderes o de intereses secundarios, sino del acabado cumplimiento de los deberes impuestos por el orden jurídico, por el Estado de Derecho, y así debe ser entendido”, concluyen  Juan Manuel Torres y Luis Colao, de la UCR y plantean la constitución y puesta en funciones de la Comisión Investigadora prevista por el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.