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actualizado
13/8/06 22:33
13/08/06
Provincia obliga
a municipios a reducir basura
Solá impulsa un proyecto que ingresó
en la Legislatura. Habría severas sanciones por incumplimiento.
Las comunas deberán reducir un 30% sus residuos. Se decreta el
fin de los rellenos sanitarios.
 Felipe Solá, gobernador bonaerense |
Un proyecto del Ejecutivo provincial que esta semana ingresó a la Legislatura establece que los gobiernos locales deberán decidir qué hacer con los desperdicios que producen los hogares de sus distritos. Además, los rellenos sanitarios de CEAMSE serán reemplazados por otros predios con tecnología más moderna. Los municipios de la provincia de Buenos Aires tendrán seis meses para presentar un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos, y cinco años para reducir un 30% la generación de desperdicios, tal cual establece el proyecto sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos presentado por parte del gobernador Felipe Solá.
Las comunas tendrán que cumplir con planes anuales de reducción del volumen de residuos domiciliarios generados en sus distritos: en el primer año deberán realizar una campaña de concientización que permita achicar el volumen un 10% en el segundo año, un 20% en el tercero y un 30% al final del quinquenio. Los municipios que no cumplan con sus programas podrían ser multados. Y las penas previstas son de hasta 1.000 salarios de la categoría inicial de los agentes de la administración pública provincial del agrupamiento administrativo. También podrán ser clausurados predios que no se adapten a las normas ambientales, por ejemplo los basurales a cielo abierto.
Para alcanzar los objetivos propuestos, las comunas deberán generar estadísticas respecto de su situación actual, pero los datos también serán recabados por la Secretaría de Política Ambiental.
La ley reserva para el Poder Ejecutivo provincial la facultad de diseñar la política de gestión integral de residuos. También la promoción, evaluación y aprobación de mecanismos de gestión regional o bien iniciativas públicas o privadas relacionadas con la problemática. Se propone la minimización de la generación de desperdicios, el reciclado y la conformación de centros regionales de tratamiento y disposición final.
Los
municipios que no puedan o no quieran conformar centros de disposición
final de carácter local o regional, deberán atenerse a
lo que establezca el Ejecutivo en función de un mecanismo de
consulta con la Legislatura. Este principio será aplicable, casi
con seguridad, a los residuos generados en el área metropolitana,
pero también podrá extenderse a otros distritos del interior.
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