Por Adrián Terrizzano
@AdrianTerri 

“La factura de electricidad con aumento es un papel sin valor, no es ni siquiera una factura, es un simple papel que hay que romper y tirar a la basura”, sentenció el juez Luis Federico Arias, quien el 2 de junio dictó una medida cautelar que establece la suspensión del tarifazo sobre la energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires.

“La compañía o cooperativa de electricidad está obligada a emitir una nueva factura; si no la emite, el usuario no está obligado a pagar; tiene que esperar sentado en su casa a la nueva factura y si no le llega y le pretenden cortar la luz debe hacer una denuncia penal porque estarían desobedeciendo a una orden judicial”, explicó el magistrado.

Entrevistado en el programa Primera Mañana, de Radio Ciudad de Luján, el juez Arias advirtió que “no es una opinión mía”. “Es una decisión judicial, están obligados el Poder Ejecutivo, el Órgano de Control (OCEBA) y las distribuidoras, es una sentencia”, afirmó y recordó que “todas las cooperativas están notificadas”.

La resolución judicial, fundada en la ausencia de una audiencia pública previa a la suba de la tarifas, alcanza “a todas las distribuidoras de energía eléctrica provinciales o municipales, incluidas las cooperativas”. Rige hasta que se decida la nulidad (o no) de la 
Resolución que dispuso el tarifazo o se realice la correspondiente audiencia pública, prevista para el 28 de julio en el Estadio José María Minella de Mar del Plata.

“Las empresas de servicios están en una situación de poder y de monopolio, se sienten con el derecho de dominar al usuario amenazándolo con cortes u otras acciones”, consideró el juez y subrayó que “esta cautelar protege al usuario”. “No hay que apresurarse a pagar, no pueden cortar y no creo que se atrevan a hacerlo porque sería un delito”, dijo.

En diálogo con los periodistas Ariel Senestro y Adrián Terrizzano, el juez Arias explicó también que la suspensión del incremento alcanza también al cuadro tarifario de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que les suministra electricidad a cooperativas y empresas. “Se dijo que las distribuidoras iban a colapsar, que no iban a poder pagar costos y esto tampoco es cierto”, afirmó.

“La cuestión de fondo es la resolución del Ministerio” explicó el magistrado y recordó que en 2012 se declaró la nulidad de la tarifa de Aguas Bonaerenses (ABSA) por la falta de audiencia pública. “Esto fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, hay jurispridencia en este sentido”, señaló.

“Queda una discusión pendiente respecto de la razonabilidad de la tarifa, que también es un requisito legal”, finalizó el juez Arias y anunció que “estamos abocados a la tarea judicial de determinar esta cuestión”. “La discusión recién empieza”, avisó.

Foto: @juezarias en Twitter.

 

 

 

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