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Entre las primeras nociones referentes al Poder Judicial que se enseñan en la escuela, con mayor profundización según los niveles de enseñanza, figura aquella de la independencia de dicho poder. En tal sentido se afirma que es independiente de cualquier otra autoridad en el ejercicio de sus funciones.
 
Esta afirmación conlleva dos extensiones: por un lado como Poder que es, es libre, soberano y autónomo de los demás órganos del Estado, pero paralelamente a ello el órgano jurisdiccional no puede intervenir y ejercer las atribuciones de los órganos Ejecutivo y Legislativo.

Asimismo concretado este principio en la figura del Juez,  se impone como lógica consecuencia que sea autónomo en el conocimiento y decisión de las causas y por lo tanto exento de recibir cualquier tipo de presión viniere de donde sea.

Sentada esta premisa básica del Poder Judicial como un poder del Estado, según la clásica división de los poderes consagrada en la Constitución, viene al caso señalar que la legitimidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo deriva de su representatividad desde que sus integrantes han sido elegidos por la voluntad popular.

Pero precisamente ello no ocurre con el Poder Judicial cuyos miembros no son electivos.

Cabe preguntarse entonces de dónde deriva su legitimidad.

No cabe duda al respecto que, en un Estado democrático tal legitimidad deriva de la aceptación que tengan las decisiones judiciales en la ciudadanía, es decir por la sociedad en su conjunto.
 
Desde comienzo del nuevo siglo se han ido produciendo, tanto en nuestro país como así también en gran parte de Latinoamérica, profundas y significativas transformaciones políticas y económicas cuya finalidad apunta a mejorar la condición social de los más desposeídos mediante su progresiva inclusión.

Frente a ello, y mientras los sectores políticos progresistas –legitimados por la voluntad popular– intentan dar satisfacción y respuesta a aquellas aspiraciones, resulta palmario que el Poder Judicial en muchas circunstancias no sólo no ha acompañado, sino que ha sido refractario a dichas transformaciones generando así una pérdida de legitimidad y consecuente desprestigio.

Ello amerita la necesidad de su reparación.

Claro resulta que la problemática esbozada sobre la reforma del Poder Judicial se ha venido generando con el correr del tiempo y cierto es también que aunque se concretaron algunas reformas tendientes a un “mejoramiento” del sistema (como por ejemplo la oralidad) tal solución resultó parcial e insuficiente.

Visto este panorama, si los sectores políticos persiguen una real y verdadera transformación de las estructuras sociales se les imponía a los otros Poderes del Estado producir las medidas pertinentes para intentar –cuanto menos– revertir la situación en que se encuentra el Poder Judicial dotándolo de mecanismos adecuados para lograr una  trasparencia tantas veces proclamada pero nunca concretada.
 
En tal sentido resulta encomiable entonces la gestión del Poder Ejecutivo proponiendo las modificaciones que elevara al Congreso.

Ahora bien, en punto a las críticas que se han formulado al paquete de medidas, sostiénese básicamente que las mismas limitarían la independencia de los jueces, a partir de la forma de elección de los mismos en tanto se modifica la composición del Consejo de la Magistratura.

Por de pronto, hace a la propia esencia de un sistema –que se precie de democrático–  que se recurra a un sistema electivo para la designación de los funcionarios de un organismo de la trascendencia del Consejo; de allí que no se vea reparo en que el mismo se conforme de ese modo, y por lo demás permitir la integración del mismo con profesionales de otras ramas del saber aparece como algo novedoso, plausible y destinado a ampliar la participación ciudadana.

Si a ello se añade que precisamente no se restringe sino que se amplía la base en punto a la postulación y concurrencia para el proceso de elección de los jueces, basado fundamentalmente en la idoneidad de los candidatos –avalada por sus antecedentes y exámenes– la alegada sospecha de intromisión del Poder Ejecutivo en los nombramientos como argumento sostenedor de la pérdida de independencia, queda indudablemente descartada.

De cualquier manera, cabe señalar, empero, que el paquete de medidas puede ser perfectible y al respecto hubiera sido esclarecedor que la oposición discutiera sobre los temas en tratamiento en las comisiones del Congreso de la Nación y no que directamente cerrara el debate en ese ámbito, aunque continuó cuestionándolo a través de los medios que participan de su postura.
 
Ello no desmerece la calidad de los proyectos presentados, los que sin duda servirán para apuntalar con mayor legitimidad un Poder Judicial idóneo que brinde un real y verdadero servicio de justicia al pueblo.

* El doctor Roberto Pedro Sánchez (Beto) es ex Juez de la Exelentísima Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mercedes. Ex vocal del Colegio de Magistrados de Mercedes. Jubilado.

 

 

 

 

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